El próximo gobierno de Chile, que conducirá al país durante los próximos cuatro años, enfrentará una tarea ineludible: asegurar y acelerar, con sentido de urgencia, la consolidación de la sostenibilidad como eje de la política pública y de la acción empresarial. Aunque la sostenibilidad ya está presente en el debate público, cada vez más empresas la integran en sus estrategias de negocio; también incide en las decisiones del sistema financiero, condiciona la regulación y define las expectativas de los consumidores y ciudadanos.
Los tres candidatos que lideran las encuestas, abordan la sostenibilidad desde ángulos distintos. En el caso de José Antonio Kast, si bien no la menciona de manera explícita, varios de sus planteamientos la atraviesan indirectamente: propone fortalecer la inversión privada, simplificar regulaciones y asegurar estabilidad tributaria, bajo la convicción de que un crecimiento económico robusto es la condición necesaria para avanzar también en lo social y lo ambiental.
Por su parte, Jeannette Jara pone el énfasis en un crecimiento inclusivo y sostenible, con medidas concretas en transición energética, hidrógeno verde, diversificación productiva y agroindustria sostenible, articulando la sostenibilidad ambiental con la equidad social y territorial.
Evelyn Matthei, en cambio, reconoce abiertamente que el cambio climático es ineludible y plantea una agenda orientada a energías limpias, minería sustentable, innovación tecnológica y un desarrollo territorial equilibrado, entendiendo la sostenibilidad como un pilar de competitividad.
Analizadas en conjunto, estas tres visiones permiten concluir que, aunque con énfasis distintos, la sostenibilidad es reconocida como un eje central de los próximos años. Kast la asocia a certezas para la inversión; Jara a la justicia social y a la transición justa; y Matthei a la competitividad verde y la innovación. El punto común es que la sostenibilidad ya no es un discurso, sino una demanda transversal de la ciudadanía y del entorno global.
Desde la mirada de Acción Empresas, el desarrollo sostenible constituye la hoja de ruta para el sector privado. Su propósito es acelerar la transformación hacia modelos que reduzcan impactos, reparen y regeneren, aportando a la cohesión social, la resiliencia ambiental y una gobernanza más transparente y responsable. Pero este esfuerzo requiere también de un Estado comprometido, capaz de modernizar su gestión, adecuar su marco regulatorio y generar las condiciones que promuevan y faciliten el avance del país en esta dirección.
Hoy, la sostenibilidad es un factor decisivo de competitividad. Define la atracción de inversiones, abre o cierra mercados, determina la legitimidad de las empresas frente a la sociedad y es clave para atraer talento y consumidores.
Esto no puede ser liderado solo por las empresas. Tal como señala el barómetro de avance empresarial elaborado por el Consejo Mundial para el Desarrollo Sostenible, los líderes del sector privado a nivel internacional reconocen que los impactos del cambio climático están en aumento y los gobiernos deben mantenerse en el mismo curso de acción, ya que los negocios no pueden tomar los temas de sostenibilidad solos.
En sostenibilidad, quien no avanza, retrocede. En ese sentido, el próximo gobierno deberá impulsar las transformaciones que el propio Estado necesita para, a su vez, facilitar y acompañar los cambios que el mundo empresarial requiere. Solo así será posible avanzar hacia modelos que integren lo ambiental, lo social y la gobernanza, con transformaciones sostenibles y de verdadero impacto.
