La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) acaba de anular el Endangerment Finding, el dictamen que establecía que los gases de efecto invernadero (GEI), como el dióxido de carbono (CO₂), representan un peligro para la salud pública. No es un ajuste técnico menor.
Esta regulación, establecida en el año 2009 basada en, es la base legal que permite regular emisiones de automóviles, centrales eléctricas e industrias bajo la Ley de Aire Limpio mientras en paralelo potenciaba fuentes de energías limpias con subsidios y beneficios tributarios, entre otros. Aunque es una norma que aplica exclusivamente a Estados Unidos, su peso tanto económico, como en la generación de GEI, la convirtió en referencia para mercados y empresas a nivel global. Su derogación no solo cambia reglas internas: introduce incertidumbre en uno de los marcos regulatorios más influyentes del mundo.
La evidencia científica es clara: las emisiones generadas por la actividad humana son la principal causa del calentamiento global. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), organismo respaldado por Naciones Unidas que sintetiza miles de estudios científicos, concluye que el aumento de temperatura es inequívoco y que cada fracción adicional intensifica olas de calor, sequías y eventos extremos. Con más de 1,5 °C de calentamiento, más de mil millones de personas podrían enfrentar estrés hídrico severo. No hablamos de escenarios lejanos, sino de impactos ya visibles en todo el planeta con diversos niveles de intensidad en salud, infraestructura, productividad, acceso a territorios, migraciones, entre otros.
Al mismo tiempo, la economía mundial avanza en otra dirección. La Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) señala que más del 90 % de los nuevos proyectos de energías renovables son hoy más competitivos que las alternativas fósiles, y que la energía solar es una de las fuentes más baratas de generación eléctrica.
La transición no responde solo a convicciones ambientales; responde a eficiencia, innovación y escala industrial. El sistema financiero también lo reconoce: el Fondo Monetario Internacional (FMI) advierte que el riesgo climático puede erosionar el crecimiento global, y el Foro Económico Mundial (WEF) lo identifica como uno de los principales riesgos económicos de la próxima década.
La conclusión es simple: la competitividad del siglo XXI no se define por reducir costos regulatorios en el corto plazo, sino por anticipar riesgos estructurales y posicionarse en las cadenas de valor del futuro. Cuando las reglas se vuelven pendulares, las empresas deben decidir si optan por alivios transitorios o por una estrategia coherente con una economía que ya internaliza el riesgo climático.
Ante la anulación del Endangerment Finding y los cambios en la EPA, la sostenibilidad empresarial se vuelve aún más estratégica. Los riesgos físicos —sequías, inundaciones, incendios, interrupciones logísticas, seguros más caros y menor productividad— no desaparecen consecuencia de una decisión administrativa. Tampoco cambia las exigencias de los mercados que ya operan con estándares más altos con el fin de reducir los riesgos, y minimizar los potenciales costos de recuperación después de desastres climáticos.
En este contexto, la sostenibilidad no es un gesto ético: es gestión de riesgo e innovación. Anticipa vulnerabilidades, fortalece resiliencia, accede a capital y compite en cadenas globales más exigentes. La incertidumbre es un impuesto silencioso a la competitividad. No aparece en los balances, pero se paga en inversión postergada, financiamiento más caro y oportunidades perdidas. Las economías que prosperan no la niegan: la gestionan. Y las empresas que aspiran a liderar tampoco.
El compromiso con la sostenibilidad es una responsabilidad de cara a accionistas, inversionistas, trabajadores, comunidades y consumidores. En un mundo incierto, liderar es anticipar. Y anticipar hoy significa gestionar el riesgo climático.
