DD.HH. y Empresas
25 de febrero de 2022
Derechos Humanos y Empresas: el aporte de Escazú / Andrea Sanhueza

La primera Conferencia de las Partes (COP) del Convenio de Escazú sobre “Acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales” se llevará a cabo entre el 20 y el 22 de abril de este año en la sede de la CEPAL en Santiago de Chile.

Esta COP, se concreta gracias a doce estados de América Latina y el Caribe que han ratificado el Acuerdo, además del compromiso del Secretariado de Escazú y de la sociedad civil, expertos y académicos que han acompañado este proceso.

Uno de los tantos desafíos que se deben abordar en esta etapa, es lograr que los diversos actores de la sociedad vinculados de una u otra forma a la implementación del Acuerdo logren una opinión informada sobre sus contenidos.
Desgraciadamente, durante 2021 se difundió en varios países, información errónea sobre el Acuerdo, con especial énfasis sobre los impactos en el sector productivo.
Para efectos de lograr una opinión informada al respecto, resulta imperioso establecer lazos con asociaciones empresariales dedicadas a promover el concepto de desarrollo sostenible y de derechos humanos entre sus asociados. La gran mayoría de estas asociaciones enmarcan su quehacer en un conjunto de principios y directrices internacionales que se han ido adoptando desde la década del 90.

Los principales hitos de esta ruta, han sido la creación del Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD en su sigla en inglés) en 1995. Luego, en 2011, Naciones Unidas aprobó los Principios Rectores sobre Derechos Humanos y Empresa, y en  2015 lanzó el Pacto Mundial que contempla 10 principios vinculados a las responsabilidades sociales y ambientales del sector privado. Por su parte, la OCDE actualizó en 2011 sus Líneas Directrices para Empresas Multinacionales.

En ellas, la OCDE establece que las empresas deben contribuir al progreso económico, social y medioambiental para lograr un desarrollo sostenible, además de realizar los esfuerzos necesarios para impedir o atenuar los impactos negativos tanto sociales como ambientales que su actividad productiva provoque. Por su parte, el Pacto Global impulsa diez principios relacionados con los derechos humanos, las normas laborales, el medio ambiente y anticorrupción.

El Acuerdo de Escazú debe ser entendido como un instrumento nuevo que se suma a esta ruta internacional para posicionar a las empresas como un actor relevante en la promoción y resguardo de los derechos humanos y la sustentabilidad global.