Los episodios de narcotráfico y corrupción suelen acaparar la atención de la opinión pública. Sin embargo, prestamos menos cuidado a uno de los efectos colaterales más dañinos que enfrenta nuestro sistema económico y social producto de estas problemáticas, como es el lavado de activos.
Los grandes flujos de dinero que reporta el tráfico de drogas, la malversación de caudales públicos y otros fenómenos delictivos y su consiguiente diseminación en el sistema económico, son capaces de corromper y horadar los cimientos más profundos de nuestra sociedad.
Los lavadores necesitan aprovecharse de actividades privadas totalmente lícitas, permitiendo que se mezclen flujos de dinero de fuente lícita con aquellos de origen oscuro. Es allí, en la actividad económica diaria, sea productiva o de servicios, no en otro lugar, donde los delincuentes obtienen ese aparente sello de blancura que requieren sus fondos ilícitos para poder ser posteriormente utilizados.
La poca percepción sobre la ocurrencia en nuestro país de maniobras realizadas para tratar de dar apariencia de legalidad a dinero “sucio”, profundiza aún más sus nefastas consecuencias. Cuando se habla de lavado de activos como un riesgo real al que están expuestas las empresas en Chile, la reacción más frecuente de las distintas audiencias es de asombro y negación.
La urgencia de lidiar con los efectos colaterales del lavado de activos y la repercusión en la confianza y reputación de las instituciones se vuelve innegable frente a los constantes episodios de corrupción, narcotráfico, contrabando, piratería, trata de personas, publicación de información falsa al mercado y un largo etcétera. No podemos permanecer en la ingenuidad pensando que se trata de casos aislados.
Chile ha avanzado mucho en materia de estándares de regulación, gobiernos corporativos, responsabilidad penal de las organizaciones, por mencionar algunas. Pero todo lo que puedan hacer las empresas que esté por sobre estos mínimos legales exigibles, es ganancia neta para la reputación, la sostenibilidad y la vigencia de cualquier industria.
Combatir adecuadamente el fenómeno del lavado de activos requiere, en primer lugar, reconocer que toda organización, sea pública o privada, pequeña o grande, tenga o no fines de lucro, es vulnerable ante el poder económico proveniente ya sea del narcotráfico, de la corrupción o de cualquier otra actividad ilícita lucrativa.