Los incendios en las regiones del Biobío y Ñuble han dejado al descubierto un problema que trasciende la contingencia inmediata. La pérdida de vidas humanas, la destrucción de viviendas, la evacuación de comunidades completas y el grave daño ambiental configuran una crisis que revela un riesgo estructural en aumento, estrechamente ligado al cambio climático, al uso del territorio y a la preparación del país frente a amenazas cada vez más intensas.
Desde Acción Empresas, su gerenta general, Constanza Pantaleón, indicó que analizar estos eventos únicamente desde la lógica de la emergencia resulta insuficiente. “El riesgo se explica por la combinación de amenaza, exposición y vulnerabilidad. Hoy el cambio climático está intensificando la amenaza, con incendios más frecuentes, más rápidos y más severos, y eso obliga a cambiar la forma en que gestionamos estos escenarios”, señaló.
En las zonas afectadas, factores como las altas temperaturas, la megasequía que se extiende por más de una década y condiciones climáticas extremas han incrementado de manera significativa la probabilidad de incendios de gran magnitud. A ello se suma la expansión de viviendas e infraestructura hacia áreas de interfaz urbano-rural, donde la planificación territorial no siempre ha incorporado adecuadamente el riesgo.
Pantaleón explicó que, si bien existen elementos que no pueden modificarse —como la amenaza climática o la ubicación geográfica—, sí es posible reducir la vulnerabilidad mediante planificación, inversión, normas e innovación. “Chile aprendió a convivir con los terremotos reduciendo su vulnerabilidad. Con los incendios, el desafío es el mismo: avanzar decididamente en adaptación al cambio climático”, afirmó.
La magnitud de los incendios registrados en los últimos años da cuenta de una tendencia que se ha ido consolidando en el tiempo. Las temporadas se han extendido, comienzan cada vez más temprano y se prolongan hasta el otoño. En la última década, además, se han registrado eventos que superan ampliamente las 10 mil hectáreas quemadas, consolidando una tendencia preocupante tanto en términos ambientales como sociales.
En este contexto, la colaboración entre el sector público y privado aparece como un factor clave para enfrentar la emergencia y reducir riesgos futuros. En ese sentido, Pantaleón destacó el aporte de empresas con experiencia técnica en manejo forestal, como Arauco y CMPC, que han participado activamente tanto en labores de prevención como en el combate de incendios.
“El conocimiento en manejo de bosques, control de combustibles, cortafuegos y prevención es fundamental. Empresas como Arauco y CMPC han aportado brigadas, maquinaria, recursos aéreos y capacidades técnicas, además de trabajar coordinadamente con las autoridades para apoyar a las comunidades”, sostuvo.
Asimismo, agregó que “apagar un incendio no basta si no se aborda la causa y el entorno que lo hace posible. La prevención y la gestión del territorio son tan importantes como la respuesta inmediata”, enfatizó.
Los incendios forestales generan impactos que trascienden el ámbito ambiental. Además del daño a ecosistemas y biodiversidad, las emergencias han provocado la destrucción de viviendas, la pérdida de fuentes laborales y la desarticulación de redes comunitarias, junto con efectos en la salud física y mental de las personas afectadas. Este escenario ha situado la gestión del riesgo como un desafío social relevante y ha reforzado, desde el enfoque ASG, la incorporación de criterios de sostenibilidad en las estrategias de desarrollo y planificación territorial.
“La sostenibilidad no es solo una preocupación ambiental, es una estrategia para proteger a las personas, fortalecer los territorios y asegurar la continuidad de las actividades productivas en un contexto de riesgos creciente. El desafío es anticipar. La sostenibilidad no es un discurso, es una herramienta concreta para construir resiliencia en un país cada vez más expuesto a los efectos del cambio climático”, concluyó Constanza Pantaleón.
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