Las vidas humanas perdidas y las comunidades afectadas por los incendios en las regiones del Biobío y Ñuble representan una tragedia de enorme magnitud. A ellas dirigimos nuestra mayor solidaridad y respeto.
En paralelo, también presenciamos una catástrofe en materia ambiental que no es una emergencia pasajera. Chile enfrenta un riesgo estructural creciente, asociado al cambio climático, a la forma en que ocupamos el territorio y a una capacidad de anticiparnos y proteger a las personas frente a estas amenazas, que están en constante cambio y con mayor intensidad.
Mirar estos eventos solo desde la lógica de la emergencia es insuficiente. El riesgo se explica por la combinación de amenaza, exposición y vulnerabilidad. Hoy, el cambio climático está aumentando de manera significativa la amenaza: incendios más frecuentes, más intensos y más veloces, impulsados por altas temperaturas, una megasequía que se arrastra desde 2010 y condiciones climáticas cada vez más extremas. Esta realidad ya no es excepcional, es parte de una nueva normalidad.
La exposición, en tanto, tiene que ver con dónde estamos ubicados. Viviendas, infraestructura crítica y actividades productivas se han expandido hacia zonas de interfaz urbano-rural, donde conviven áreas rurales y residenciales sin una planificación acorde al riesgo. Algunas exposiciones no se pueden modificar fácilmente, pero otras sí pueden y deben ser gestionadas con mayor criterio territorial.
Y es en la vulnerabilidad donde existe un espacio real de acción. La experiencia chilena frente a los terremotos lo demuestra: no podemos cambiar la amenaza sísmica ni el hecho de vivir en un territorio altamente expuesto, pero sí hemos logrado reducir de manera significativa la vulnerabilidad mediante normas, planificación, inversión y preparación. Con el cambio climático y los incendios, el desafío es exactamente el mismo, hay que avanzar decididamente en adaptación, que como ya sabemos, requiere de innovación.
La magnitud de los incendios recientes confirma que no estamos frente a hechos aislados. Las temporadas de incendios se han extendido en duración, hoy comienzan en octubre y se prolongan hasta abril o incluso mayo. En la última década se han registrado incendios de una magnitud antes excepcional, superando las 10 mil hectáreas quemadas, y años como 2017, 2023 y 2024 ya figuran entre los más destructivos de nuestra historia reciente.
Este escenario obliga a repensar el desarrollo desde una mirada de sostenibilidad integral. No solo en su dimensión ambiental —con más de 70 mil hectáreas afectadas en esta temporada y 1,7 millones en la última década—, sino también en su dimensión social y de gobernanza. Las evacuaciones masivas, la pérdida de viviendas, la interrupción de actividades productivas y el impacto en comunidades completas evidencian que la gestión del riesgo es también un desafío social de primer orden.
En este contexto, la colaboración público-privada se vuelve indispensable. La respuesta a una crisis de esta complejidad no puede ser abordada por un solo actor, y menos aún los desafíos que implica la recuperación y la reconstrucción. En ese escenario, las empresas cumplen un rol clave, no solo porque muchas de ellas están directamente en las zonas afectadas, sino porque son parte esencial de la continuidad de servicios, del empleo y de la resiliencia de los territorios.
La experiencia internacional —desde Canadá hasta Australia— confirma que este no es un problema exclusivamente chileno. Pero también demuestra que los países que mejor enfrentan estos riesgos son aquellos que invierten antes, que integran el riesgo climático en la planificación territorial, que fortalecen la gobernanza y que entienden la sostenibilidad no como un discurso, sino como una estrategia de resiliencia.
Chile cuenta con capacidades, conocimiento y experiencia para dar este salto. La pregunta ya no es si los incendios volverán a ocurrir, sino cuán preparados estaremos cuando lo hagan. Reaccionar sin una adecuada gestión del riesgo y planificación implica costos humanos, sociales y económicos demasiado altos. El desafío es avanzar con decisión hacia una gestión del riesgo moderna, preventiva y sostenible, a la altura del país en el que queremos vivir.
