Los eventos climáticos extremos que hemos vivido recientemente en el país —como las inusuales lluvias estivales y tormentas eléctricas que afectaron a cientos de familias, dejando a muchas de ellas damnificadas— no son hechos aislados, sino que forman parte de una tendencia sostenida que el Informe de Riesgos Globales del World Economic Forum viene advirtiendo desde hace años: los riesgos asociados a fenómenos meteorológicos extremos, la pérdida de biodiversidad y el colapso de ecosistemas se ubican hoy entre los más probables y severos para la próxima década.
Este diagnóstico tiene implicancias directas para el sector privado. La degradación de ecosistemas —como la pérdida de bosques, humedales y suelos, entre otros — reduce la capacidad natural de los territorios para regular el agua y amortiguar eventos climáticos extremos. Cuando esta infraestructura natural se debilita, lluvias intensas y olas de calor se traducen en inundaciones, interrupciones operacionales, daños a activos críticos y riesgos para las personas.
En este contexto, el cambio climático deja de ser un desafío exclusivamente ambiental para convertirse en un riesgo social, financiero y operacional. La continuidad del negocio, la seguridad de los trabajadores y la estabilidad de las cadenas de suministro están cada vez más expuestas a impactos climáticos que ya no pueden considerarse excepcionale.
Durante años, la acción empresarial se ha concentrado principalmente en la mitigación de emisiones. Sin embargo, la evidencia muestra que la resiliencia y la adaptación climática son hoy una prioridad estratégica. No basta con reducir la huella de carbono si las operaciones y los territorios donde se localizan no están preparadas para enfrentar eventos extremos cada vez más frecuentes e intensos.
En este escenario, la Contribución Determinada a Nivel Nacional de Chile, y su actualización, que es la base de la Hoja de Ruta Climática para el Sector Privado 2025–2035, representa un avance relevante para las empresas. Este marco traduce los compromisos climáticos del país en orientaciones concretas para las empresas, identificando acciones clave en adaptación, resiliencia, gestión del capital natural y protección de las personas. Más que una agenda ambiental, se trata de una herramienta de gestión de riesgos y competitividad.
El desafío para las empresas es repensar sus matrices de riesgo incorporando una mirada sistémica. Los riesgos climáticos no ocurren de manera aislada, se superponen y se amplifican. Olas de calor, estrés hídrico e inundaciones impactan simultáneamente la productividad, la infraestructura y la salud de las personas. Integrar estas variables en la toma de decisiones es hoy parte de una gestión empresarial responsable.
La evidencia demuestra que la resiliencia no puede construirse de forma individual. Empresas resilientes requieren territorios resilientes. La colaboración público–privada, la planificación territorial y la implementación de soluciones basadas en la naturaleza son condiciones habilitantes para reducir vulnerabilidades y asegurar continuidad operacional.
Elevar la conversación sobre resiliencia climática es una responsabilidad compartida. Para el sector privado, avanzar en esta agenda no es un costo adicional, sino una inversión estratégica en competitividad, estabilidad y sostenibilidad de largo plazo. La pregunta ya no es si debemos adaptarnos, sino qué tan rápido y de qué manera articulada somos capaces de hacerlo.
