En diciembre de 2024 entró a regir la Ley 21.634 que moderniza el sistema de compras públicas, y uno de los ejes principales es la incorporación de un marco legal en relación con la sostenibilidad y participación de pymes locales.
En 2025, una implementación efectiva de la gestión sostenible se ha convertido en una prioridad para el Estado al momento de planificar su estrategia. En cada discurso del sector público, la sostenibilidad aparece como concepto central. ChileCompra no se queda atrás.
Estos cambios buscan una mayor transparencia y eficiencia en el sistema de compras públicas, transacciones con criterios ESG, cadenas de suministro responsables y mayor participación de proveedores pymes. Pero existe una verdad incómoda: sin una formación adecuada a los equipos públicos, esta modernización se queda solo en un mero discurso.
Sí, el Estado busca aumentar oportunidades para las pymes e impulsar la sostenibilidad; pero para que eso sea duradero hay que derribar áreas grises.
Hace unos días asistimos a la Expo de Compras Públicas 2025, un evento que reunió a instituciones estatales, empresas proveedoras de ChileCompra y autoridades del sector.
Un ambiente grato que fue acompañado de alentadoras cifras compartidas por Verónica Valle, directora de ChileCompra: en 2024 se emitieron más de 2 millones de órdenes de compra, se transaron sobre USD 17 mil millones, y el número de proveedores inscritos y habilitados superó los 100 mil. Datos que reflejan un sistema robusto en volumen y alcance. Pero bajo esa superficie se esconde un desafío estructural difícil de ignorar.
Conversamos con muchos funcionarios públicos y en todos surgió la misma preocupación: el proceso de modernización del Estado está avanzando bajo una base frágil. Nos encontramos con equipos poco capacitados, unidades internas descoordinadas y una evidente falta de capacitación y formación continua por parte de ChileCompra que impide enfrentar estos cambios. Si bien existen capacitaciones, no están dando abasto con la cantidad de dudas que supone esta modernización.
¿Cómo puede avanzar el sistema a uno más eficiente si quienes lo operan no tienen las herramientas necesarias?
Como mencioné, otro de los focos en la nueva ley es el de impulsar la participación de las Empresas de Menor Tamaño (EMT), como por ejemplo a través del nuevo monto tope de la Compra Ágil (100 UTM). Pero hay un tema clave que les significa un gran problema y del que no se habló en la expo: la demora en los pagos. De poco sirve invitar a más pymes a participar si después tienen que esperar meses para recibir su plata. Esa realidad solo afecta la sostenibilidad financiera de empresas que quieren, pero no pueden, mantenerse en el ecosistema de compras públicas.
Sabemos que hoy el sistema de compras públicas es un espacio de enormes oportunidades, pero también de grandes brechas de gestión. Y esto no solo perjudica al aparato estatal, sino a miles de pymes que sufren con las consecuencias de esta burocracia.
El sistema está mejorando, pero para acelerar esta transformación necesitamos que todos los actores del ecosistema, incluidas empresas que financian a estas pymes, se sumen a impulsar estos cambios. Porque un Estado más moderno necesita también funcionarios más preparados. Y porque hablar de desarrollo sin hablar de capacidades es, simplemente, seguir postergando lo urgente.
