En 2011 fueron adoptados los Principios Rectores para Empresas y Derechos Humanos (DD.HH.) de Naciones Unidas (ONU), texto elaborado por John Ruggie, que entrega a estados y a empresas responsabilidades clave en esta materia, las que deben ser abordadas en políticas, normas y procesos. Estas disposiciones apuntan al deber del estado en la protección de los ciudadanos frente a los abusos de DD.HH., a la obligación de las empresas por respetarlos y al acceso de las víctimas a una reparación efectiva.