Personas y Trabajo
7 de febrero de 2022
El derecho a la seguridad social I María Cecilia Cifuentes

Hice una solicitud de audiencia a la Convención Constituyente para hablar sobre el derecho a la seguridad social. Ignoro si será aceptada, por lo que aprovecho este espacio para plantear algunos puntos que, a mi juicio, deberían ser tenidos en cuenta en esta discusión.

Primero, el concepto de seguridad social tiene casi cien años en nuestra historia constitucional, ya que aparece como derecho fundamental en la Constitución de 1925. Por otra parte, e igualmente importante, la iniciativa exclusiva de ley del Presidente de la República para establecer o modificar normas sobre seguridad social fue establecida en 1970, impulsada por el presidente Frei Montalva, que previamente había declarado “es urgente reservar al Poder Ejecutivo la iniciativa de todas las leyes que impliquen gastos o que interfieran en la planificación necesaria en materia económica-social”. Parece entonces necesario y positivo que esto también se mantenga en la Nueva Constitución.

Lo más relevante, no obstante, sigue siendo la discusión sobre la mejor forma de hacer efectivo este derecho, ya que evidentemente el solo garantizarlo en el papel no lo hace realizable. Tal como debería ser en otras materias, no parece prudente que sea la Constitución la que regule la forma específica en que ese derecho se hará efectivo. Esa discusión debiera partir por derribar uno de los mitos más extendidos, referido a que la seguridad social en Chile está entregada al mercado, lo que dista enormemente de la realidad.

Ya dijimos que hace casi un siglo es un derecho consagrado constitucionalmente, y además todas las leyes, disposiciones y normas que regulan este derecho, son resorte del Estado. Sólo en la forma en que se proveen los servicios, no sólo de pensiones sino también de salud, cesantía, accidentes del trabajo y otros, que son parte de la seguridad social. Nuestra normativa establece la colaboración público-privada, con el objetivo de que efectivamente este derecho se consagre de la forma más eficaz y eficiente posible.

¿Tenemos desafíos pendientes en materia de una satisfacción razonable de este derecho? Es evidente que sí, especialmente en materia de pensiones. Pero la situación en ningún caso sería mejor si se hubiera dejado fuera al sector privado, y probablemente sería aún peor. Con un sistema de pensiones totalmente estatal ¿tendríamos menor informalidad? ¿se hubiera subido la tasa de cotización y la edad de jubilación? ¿los retornos serían superiores y la administración más eficiente? Seguramente no.

¿Y si tuviéramos que diseñar la política de seguridad social desde cero? Necesitamos primero un sistema de seguridad social que se haga cargo del envejecimiento de la población, y sabemos que un esquema basado en el ahorro individual cumple criterios de sostenibilidad de mucho mejor forma que un sistema de reparto. Necesitamos un sistema que no fomente la informalidad, lo que hace desaconsejable los componentes de impuestos elevados al trabajo. Necesitamos además que el ahorro de los trabajadores se administre buscando un buen mix de riesgo-retorno, tarea que suele ser mejor cumplida por agentes privados, de giro único para evitar conflictos de interés, y en que exista competencia. Un administrador único estatal tiene conflictos de interés casi por definición, problema que se hizo patente con los retiros, y que probablemente seguirá existiendo hacia adelante debido a las presiones por mayores beneficios del Estado en muchos ámbitos ¿o no estaríamos viendo ahora que el ahorro de los trabajadores se estaría destinando a las listas de espera en salud o a inversiones públicas de dudoso retorno? Esto es pragmatismo, no ideología. Resulta evidente que el horizonte de análisis del mundo político suele ser muy distinto al de un trabajador joven que requiere fondos en 40 años más.

En definitiva, el sistema actual tiene aspectos necesarios de mantener, y otros que deben ser modificados. La experiencia de las últimas décadas muestra que los poderes ejecutivo y legislativo no tienen los incentivos para modificar los parámetros que lo hacen sostenible, lo que debería ser entregado a un organismo técnico, materia de la cual se hacen cargo algunos proyectos de ley que han estado en discusión. Sobre la necesaria solidaridad intergeneracional, se ha alcanzado un consenso amplio a favor de una pensión básica universal, que permitirá mejorar las pensiones de la clase media. Y lo más importante ¿cómo lograr mayor legitimidad del sistema? Más allá de cambios deseables en la organización industrial, la clave es la búsqueda de un consenso político sobre la mejor forma de lograr buenas pensiones de manera sostenible, dejando de lado consignas e ideología y teniendo presente que, el ahorro de los trabajadores para sus futuras pensiones, debido a las externalidades positivas que genera, es un pilar importante de desarrollo económico y de mejores condiciones de vida para ellos mismos. No se trata de destruir a las AFP’s, cuyos dueños podrán dedicarse a otras actividades, sino de mantener uno de los pilares de los buenos resultados del país en las últimas décadas, que requiere profundizarse, no eliminarse.