11 de enero de 2022
Escazú: Herramienta fundamental del desarrollo sostenible | Andrea Sanhueza

Los derechos de acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales son factores clave para lograr que las decisiones sobre asuntos públicos, consideren en forma balanceada, sus impactos económicos, sociales y ambientales, y así conseguir que sean sostenibles en el tiempo.

Estos derechos fueron establecidos en el Principio 10 adoptado en la Primera Conferencia de la Tierra realizada en 1992 (junto a otros 27 Principios). Este indica que la mejor manera de abordar las cuestiones ambientales, es con la participación de todos y todas. Este Principio 10 también es conocido como “democracia ambiental”.

No es aventurado decir, que existe un círculo virtuoso entre desarrollo sostenible y democracia ambiental. Al involucrarse una mayor diversidad de voces en las decisiones ambientales, se logra conocer los diferentes aspectos económicos, sociales y ambientales que cada uno de los actores sociales trae al debate, los cuales deben ser sopesados para alcanzar una decisión cuya implementación no signifique grandes impactos ambientales ni sociales.

El Convenio de Escazú sobre acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales, es el primer acuerdo de carácter vinculante para América Latina y el Caribe que busca la cabal implementación de estos derechos por parte de las personas.

Su primera Conferencia de las Partes se realizará en abril de 2022, donde se reunirán los 12 Estados que han ratificado el Convenio de Escazú a la fecha, entre los cuales destaca Argentina, Antigua y Barbuda, Ecuador, México, Panamá y Uruguay.

Chile aún no lo ratifica, gracias a la administración del presidente Piñera. Afortunadamente esta situación ha cambiado para el bien de Chile, su naturaleza, y su gente, especialmente para los defensores ambientales. El presidente electo se comprometió durante su campaña a lograr la adhesión de Chile al Convenio de Escazú.

La esperanza también llegó a la democracia ambiental. Ahora nos toca a los actores interesados, apoyar sus gestiones frente al nuevo Congreso para lograr a la brevedad posible la ratificación y estar presentes en la Primera Conferencia de las Partes del Convenio de Escazú.

Chile necesita comprometerse con la democracia ambiental para avanzar hacia el desarrollo sostenible. También es muy importante que retome su liderazgo político en la próxima Conferencia para apoyar la efectiva implementación de este pionero Convenio.