En la instancia, donde se profundizó sobre este tratado de América Latina y el Caribe, expuso Carlos de Miguel, Jefe de la Unidad de Políticas para el Desarrollo Sostenible de CEPAL. Además, participó Andrea Sanhueza, Directora de Espacio Público e Iván Cheuquelaf, Director de Gremios Sectoriales y Desarrollo Regional de SOFOFA.
Para abordar las principales disposiciones del Acuerdo de Escazú, Acción realizó un webinar en el que Carlos de Miguel, Jefe de la Unidad de Políticas para el Desarrollo Sostenible, CEPAL, hizo un resumen de los alcances de este tratado, llamado Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Junto a él, participaron en un panel de conversación Andrea Sanhueza, Directora de Espacio Público e Iván Cheuquelaf, Director de Gremios Sectoriales y Desarrollo Regional de SOFOFA.
Para comenzar, De Miguel explicó que este acuerdo regional se enfoca en el fortalecimiento de la democracia ambiental, en el fortalecimiento del estado de derecho y de las instituciones públicas y en que todos los actores sociales tengan garantizados estos derechos. Junto a esto, establece un piso común -con reglas parejas para todos, favoreciendo los aspectos sociales, ambientales y económicos- y busca la implementación pues, si bien hay avances normativos importantes en América Latina, muchas veces se falla en la implementación efectiva de ellos. El acuerdo persigue, además, avanzar en eso a través de la creación de capacidades y la cooperación entre países de la región. El objetivo final apunta a construir un desarrollo sostenible en línea con la actividades económicas y manteniendo la protección ambiental necesaria.
Comentó que en 2012 se inició el proceso del Acuerdo de Escazú. Durante seis años hubo una preparación y negociación de 24 países de América Latina, de ellos doce ya lo han ratificado. Este tratado, según indicó el experto, toma en cuenta lo heterogénea que es la región. “Las características, la normativa y necesidades son distintas, por lo tanto, el texto del acuerdo tendría que tener las flexibilidades del caso para ser adaptado a la necesidad de cada país y marcos normativos. El acuerdo tiene la estructura de un acuerdo internacional típico, con preámbulo, objetivos, definiciones, principios y luego se entra en el cuerpo, la parte operativo del tratado que versa sobre tres derechos procedimentales más el cuarto pilar sobre protección de defensores de DD.HH. en materia ambiental. Transversalmente en esto, a lo largo de los artículos, se desarrolla el quinto pilar: la manera de implementar a través del fortalecimiento de capacidades y la cooperación e intercambio de experiencias”.
De Miguel mencionó también los beneficiarios y los principios de Escazú, que están reconocidos en el derecho internacional, en el derecho de DD.HH. y en el derecho ambiental, como el de no regresión, que se refiere a que todos los países avanzarán de la mano, con progresividad y sin retrocesos. Al mismo tiempo garantiza el acceso a la información de todos -con reglas- y en participación, se asegura la participación abierta e inclusiva del público -incluido el sector privado-, en los procesos de toma de decisiones ambientales. “Este elemento es de interés para el sector privado porque puede estar involucrado en, por ejemplo, discusiones sobre evaluaciones ambientales estratégicas del sector energético, o del sector transporte -al igual que los ciudadanos-, porque son políticas de Estado a largo plazo, que van a determinar las inversiones”.
Para garantizar el acceso a la justicia, se recurre al debido proceso establecido en cada país a través de instancias judiciales y administrativas y pone énfasis en la resolución de controversias en asuntos ambientales por medios alternativos. “El enfoque es prevenir el conflicto y generar mecanismos para resolver problemáticas de daño ambiental”, aclaró. Y agregó que en protección de defensores de DD.HH. en materia ambiental, se reconoce realidad regional, pues es la región más peligrosa para quienes defienden el ambiente. “La situación de aquellas personas privadas y públicas que trabajan en protección del ambiente no es fácil”.
Por su parte, Andrea Sanhueza, precisó que este acuerdo es importante para la sociedad civil porque es el grupo que ha tenido menos oportunidades de participar en decisiones sobre asuntos ambientales, añadiendo que no todos los actores en estas instancias manejan la misma información y la comprenden de la misma forma, lo que radica en una asimetría de la información.
Indicó que varias empresas en Chile han avanzado de forma voluntaria en prácticas para mejorar y entender el carácter estratégico de la relación con comunidades, por lo tanto el acuerdo refuerza lo que ya se está haciendo y que el Estado estará obligado a cumplir un rol más activo en apoyar a las comunidades en su participación, sobre todo aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. “Son obligaciones del Estado que a todos los actores nos va a facilitar la vida en decisiones ambientales”.
Por último, Iván Cheuquelaf, habló de la dificultad de implementar tratados internacionales y reparó en que es necesario hacer cambios y que están dispuestos a participar en esas transformaciones. Añadió que es esencial que este trabajo se haga de la mejor forma posible, realizando un correcto análisis de diagnóstico para identificar las brechas y subsanarlas. “Nuestra posición no es oponernos a la implementación de este tratado, sino al revés, es colaborar en la correcta implementación del tratado y hacer un buen diagnóstico, yo creo que ahí está la clave. Hay que identificar las brechas y hacerse cargo de ellas”.
