En nuestro webinar “Los alcances del proyecto de Ley de Delitos Económicos” se detallaron las reformas técnicas que incorporará esta iniciativa. Participó Sebastián Segovia, abogado y gerente de Gobernanza, Ética y Cumplimiento de Falabella y Gonzalo Medina, licenciado en ciencias jurídicas y sociales, Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, quien además es uno de los docentes redactores de este documento.

“Los alcances del proyecto de Ley de Delitos Económicos” se llamó nuestro webinar, en el que revisamos los detalles de esta iniciativa, que busca eliminar espacios de impunidad frente a situaciones de abuso, y el impacto que tendrá en el quehacer empresarial.

En la instancia nos acompañó Sebastián Segovia, abogado de la Universidad Diego Portales y Gonzalo Medina, licenciado en ciencias jurídicas y sociales, Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y uno de los docentes redactores de este documento.

Para comenzar, Sebastián Segovia señaló que el proyecto persigue dar respuesta al fenómeno de la criminalidad actual y abordar la conmoción y el rechazo social que generan las faltas graves de naturaleza económica. Además, amplía el catálogo de delitos y los presupuestos de responsabilidad penal de la persona jurídica, cambia el rol del encargado de prevención de delitos, incorporando la figura del supervisor y la responsabilidad de grupos empresariales, entre otras cosas.

“Creemos que esta iniciativa representa oportunidades de mejoras y declara, de forma menos tímida, el valor que tienen, como tal, los sistemas efectivos para la prevención de delitos y para reducir la criminalidad en el ámbito público y privado”.

 

Sebastián Segovia, abogado de la Universidad Diego Portales. 

Luego Gonzalo Medina, se refirió a los detalles de este proyecto, que introduce reformas técnicas, pero no implica un aumento de penas. Junto a esto, indicó que genera un estatuto especial a este tipo de delitos, modifica el estatuto de responsabilidad penal de personas jurídicas en diversos aspectos, agrega nuevos delitos a la legislación penal y moderniza algunos delitos que ya existían.

Sobre la creación estatuto especial, aseguró que llamarán delitos económicos a delitos que ya existen en la legislación (colusión, los delitos de la ley de mercados de valores o los que afectan la competencia), pero también a otro grupo de delitos que, en caso de estar en un contexto empresarial (excluyendo a las pymes), serán definidos como delitos económicos: estafa cometida por una empresa, tala ilegal hecha por empresas o usurpación de agua, por ejemplo.

Con el nuevo documento se integra el estatuto general para el delito económico del comiso de ganancias, que permite confiscar las ganancias derivadas de la comisión de un delito económico y potencia la posibilidad de que se pidan medidas cautelares para garantizar la efectividad de esto.

En cuanto a la responsabilidad penal de personas jurídicas, el proyecto corrige la actual ley 20.393 y se amplía el grupo de sujetos a la cual es aplicable la ley: universidades del Estado, empresas del estado y partidos políticos, por ejemplo. Este ítem incorpora la responsabilidad a grupos de empresas, una modificación en el modelo de la prevención de delitos, sanción de supervisión de la persona jurídica y la idea de un supervisor. Esta última persona es nombrada por el tribunal, es encargada de colaborar con la administración de la persona jurídica en el desarrollo del modelo de prevención de delitos y reportará cómo va actuando la empresa.

Por último, Medina habló del caso Corpesca, afirmando que las sanciones servirán “esencialmente para una de las tareas más difíciles que uno tiene, que es sensibilizar a los directorios de las compañías”.