Desde hace años se advierte que Chile enfrenta un desafío económico que va más allá de reactivar cifras o acelerar indicadores de corto plazo. Lo distinto hoy es que la evidencia lo confirma con mayor claridad que nunca.
En un contexto global marcado por riesgos crecientes y alta incertidumbre, las decisiones que se tomen en 2026 no solo definirán el próximo ciclo político, sino la capacidad del país para sostener su competitividad y estabilidad en el tiempo. La pregunta ya no es si crecer, sino si estamos dispuestos a hacerlo sobre bases que resistan la realidad que muestran los datos.
El Global Risks Report 2026 del World Economic Forum es claro al respecto. El informe advierte que el mundo entra en una etapa de alta incertidumbre, marcada por riesgos interconectados que afectan directamente la capacidad de los países y las empresas para sostener su crecimiento en el tiempo. Eventos climáticos extremos, pérdida de biodiversidad, desinformación, polarización social y confrontación geoeconómica ya no son escenarios hipotéticos, son riesgos concretos que están influyendo en decisiones de inversión, en cadenas de suministro y en el costo de hacer negocios.
El propio reporte muestra que los riesgos ambientales dominan el horizonte de los próximos diez años, mientras que los riesgos sociales y de gobernanza se intensifican en el corto plazo. En otras palabras, crecer ignorando estos factores no acelera el desarrollo, sino que lo vuelve más frágil, más caro y más incierto.
Durante mucho tiempo, el debate económico enfrentó los objetivos de crecimiento y sostenibilidad, como si incorporar criterios ambientales, sociales y de gobernanza —ASG— fuera un freno o un ideal difícil de alcanzar. Hoy, la evidencia dice exactamente lo contrario. Las economías y las empresas que mejor gestionan estos factores son las que muestran mayor resiliencia, atraen inversión de largo plazo y mantienen su competitividad en contextos complejos.
Esta discusión muchas veces ha pasado por alto que una parte relevante del empresariado nunca separó crecimiento y sostenibilidad. Para ellos, hacer empresa siempre ha sido reconocerse como parte de la sociedad: generar valor económico, sí, pero también contribuir al desarrollo social y cuidar las condiciones que hacen posible ese progreso. Desde esa convicción, la sostenibilidad no aparece como un límite, sino como la base que permite que las empresas se sostengan en el tiempo y sigan creando valor de manera consistente.
Desde Acción Empresas lo vemos a diario. Cada vez más compañías integran criterios ASG en su estrategia no por convicción moral, sino porque entienden que gestionar adecuadamente el agua, la energía, las relaciones laborales, la gobernanza y el vínculo con las comunidades reduce riesgos, mejora la productividad y protege el valor del negocio. Eso es gestión moderna. Eso es hacer las cosas bien.
En ese contexto, el rol de Acción Empresas es actuar como un puente técnico y confiable entre empresas, Estado y comunidades, poniendo evidencia, experiencia y visión de largo plazo al servicio de decisiones públicas y privadas mejor diseñadas. No para imponer agendas ni sumar restricciones, sino para contribuir a marcos más inteligentes y habilitantes, que den certezas y permitan un crecimiento económico competitivo y sostenible en el tiempo.
Por eso, en un contexto donde se abre el debate sobre cómo destrabar el crecimiento, conviene distinguir entre optimizar permisos y procesos, y debilitar estándares clave: la evidencia muestra que confundir ambos caminos suele ser costoso. El Global Risks Report 2026 muestra que los países con marcos institucionales débiles, baja gobernanza y escasa capacidad de gestión ambiental enfrentan mayor volatilidad económica y menor capacidad de sostener el crecimiento. Quitar reglas sin criterio técnico no elimina riesgos: los traslada, los amplifica y, muchas veces, los encarece, afectando precisamente aquello que se busca proteger: la inversión y la competitividad.
Esto no significa inmovilismo ni burocracia excesiva. Significa mejor regulación, mejor gestión y mejores decisiones, tanto desde el Estado como desde el sector privado. Significa usar la evidencia para diseñar políticas públicas y estrategias empresariales que habiliten el crecimiento, en lugar de comprometerlo.
El 2026 abre una oportunidad decisiva. Chile cuenta con condiciones para crecer: talento, recursos, un Estado comprometido y un sector privado cada vez más consciente de su rol. Sin embargo, el crecimiento que necesitamos no puede ser de corto plazo ni a cualquier costo. Debe ser un crecimiento sostenible, capaz de proyectarse en el tiempo, que integre la sostenibilidad en el corazón de la estrategia y entienda los criterios ASG como herramientas concretas para gestionar riesgos y generar valor, y no como consignas que contrapongan desarrollo y sostenibilidad.
Hacer las cosas bien es posible. Y más aún: es la única forma de asegurar un crecimiento que perdure en el tiempo. En un mundo marcado por riesgos crecientes, la sostenibilidad no es un obstáculo que deba despejarse para avanzar más rápido, sino el cimiento del progreso que permite hacerlo con mayor certeza, legitimidad y visión de futuro.
