Desde hace años se advierte que Chile enfrenta un desafío económico que va más allá de reactivar cifras o acelerar indicadores de corto plazo. Lo distinto hoy es que la evidencia lo confirma con mayor claridad.
En un contexto global marcado por riesgos crecientes e incertidumbre persistente, las decisiones que se tomen en 2026 no solo definirán el próximo ciclo político, sino la capacidad del país para sostener su competitividad en el tiempo. La pregunta ya no es si crecer, sino sobre qué bases hacerlo.
El Global Risks Report 2026 del World Economic Forum es explícito: el mundo entra en una etapa de alta volatilidad, marcada por riesgos interconectados que inciden directamente en el crecimiento. Eventos climáticos extremos, pérdida de biodiversidad, desinformación, polarización social y tensiones geoeconómicas dejaron de ser escenarios teóricos y hoy influyen en decisiones de inversión, cadenas de suministro y costos operativos.
El reporte muestra que los riesgos ambientales dominan el horizonte de la próxima década, mientras que los riesgos sociales y de gobernanza se intensifican en el corto plazo. Crecer ignorando estos factores no acelera el desarrollo: lo vuelve más frágil, más caro y más incierto.
Durante años, el debate económico contrapuso crecimiento y sostenibilidad, como si incorporar criterios ambientales, sociales y de gobernanza —ASG— fuera un freno. Hoy la evidencia dice lo contrario: las economías y empresas que mejor gestionan estos factores son las que muestran mayor resiliencia, atraen inversión de largo plazo y sostienen su competitividad.
Parte del empresariado nunca separó crecimiento y sostenibilidad. Entendió que hacer empresa es generar valor económico, pero también contribuir al desarrollo social y cuidar las condiciones que lo hacen posible. Desde esa convicción, la sostenibilidad no es un límite, sino la base para crear valor en el tiempo.
Desde Acción Empresas lo vemos a diario. Cada vez más compañías integran criterios ASG no por convicción declarativa, sino porque gestionar adecuadamente el agua, la energía, las relaciones laborales, la gobernanza y el vínculo con las comunidades reduce riesgos, mejora la productividad y protege el negocio. Eso es gestión moderna.
En este escenario, conviene distinguir entre optimizar permisos y debilitar estándares. La evidencia muestra que confundir ambos caminos es costoso: marcos institucionales débiles y baja gobernanza aumentan la volatilidad económica y erosionan la competitividad. Quitar reglas sin criterio técnico no elimina riesgos: los traslada y los encarece.
El desafío no es inmovilismo ni burocracia, sino mejor regulación y mejores decisiones. Chile tiene condiciones para crecer, pero no a cualquier costo. La sostenibilidad no es un obstáculo al progreso, es el cimiento que permite que ese crecimiento perdure. Ese es el verdadero desafío económico.
