Los incendios forestales y las olas de calor que hemos vivido los últimos veranos no son solo una emergencia ambiental. Son, cada vez con más claridad, una emergencia sanitaria.
Detrás de cada hectárea quemada, de cada evacuación preventiva o de cada noche con temperaturas extremas, hay personas expuestas a riesgos físicos y emocionales que se acumulan y profundizan desigualdades ya existentes.
El cambio climático dejó de ser una amenaza futura: hoy impacta directamente la salud y la calidad de vida de miles de familias en nuestro país.
Los hechos más recientes lo confirman. Los incendios forestales que afectaron principalmente a las regiones de Ñuble y Biobío dejaron miles de hectáreas devastadas, más de 2.300 viviendas destruidas y, lamentablemente, 21 personas fallecidas. En este contexto, la respuesta sanitaria ha debido activarse con rapidez y coordinación.
A través del Sistema de Atención de Fonasa para Emergencias y Desastres, y con apoyo de prestadores privados, se ha garantizado atención ambulatoria sin costo a personas damnificadas, reforzando la idea de que, frente a una catástrofe, el cuidado de la salud no puede tener barreras. No es casual que, en paralelo, el Congreso haya avanzado en la ley de prevención y mitigación de incendios forestales, reconociendo que la gestión del riesgo ya no es opcional, sino urgente.
La evidencia internacional refuerza esta alerta. La Organización Mundial de la Salud advierte que entre 2030 y 2050 el cambio climático provocará al menos 250.000 muertes adicionales al año por causas asociadas al calor extremo, la malnutrición, enfermedades diarreicas y otras patologías. Las olas de calor, en particular, afectan con mayor fuerza a personas mayores, niños, trabajadores que se despliegan al aire libre y quienes viven en zonas con déficit de áreas verdes, confirmando que la crisis climática también es una crisis de equidad en salud.
Frente a este escenario, el primer paso es comprender con evidencia cómo estos eventos están afectando la salud de las personas. En esa línea, desde Bupa Chile hemos impulsado una agenda de investigación aplicada que busca anticipar riesgos y fortalecer la preparación del sistema de salud.
Desde 2021, junto al Centro de Cambio Global de la Pontificia Universidad Católica de Chile, hemos desarrollado estudios sobre los efectos de las olas de calor en la demanda de atenciones médicas, considerando variables como edad, sexo y condiciones de base.
Más recientemente, iniciamos una nueva línea de investigación junto al Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2), enfocada en analizar los efectos de los incendios forestales sobre la salud. Este estudio —basado en el análisis de más de 7,8 millones de consultas ambulatorias tras el mega incendio ocurrido en la Región de Valparaíso en febrero de 2024— incorporó por primera vez datos del sistema privado y modeló la exposición a material particulado fino (MP2,5) atribuible a incendios.
Más allá de resultados específicos, este trabajo abrió preguntas clave sobre cómo se comporta la demanda asistencial frente a emergencias climáticas y cómo deben prepararse los sistemas de salud para responder de manera oportuna y diferenciada según cada territorio. En ese sentido, cuando la evidencia identifica riesgos concretos, la prevención se vuelve ineludible.
En el ámbito laboral, ese aprendizaje se tradujo en el desarrollo del Protocolo Empresarial de Protección frente al Calor, una herramienta pionera que entrega lineamientos prácticos y que impulsamos junto a Acción Empresas y diversas organizaciones públicas y privadas.
A nivel territorial, la adaptación también exige intervenir los espacios donde transcurre la vida cotidiana. Por eso, junto a municipios, fundaciones y organizaciones técnicas, hemos impulsado soluciones basadas en la naturaleza —como los bosques de lluvia en comunas como Maipú, San Bernardo y Pedro Aguirre Cerda— que permiten recuperar suelo, captar aguas lluvias, reducir el riesgo de inundaciones y disminuir la temperatura del entorno, integrando salud ambiental y bienestar comunitario.
En esa misma lógica, iniciativas como Ciudad Saludable han promovido la acción colectiva para transformar hábitos y espacios públicos, incorporando arborización, refugios climáticos y mejoras urbanas que fortalecen la resiliencia de las comunidades frente al cambio climático.
La idea fuerza es clara: la adaptación al cambio climático es hoy una tarea sanitaria ineludible. Mirar hacia adelante exige actuar con responsabilidad, colaboración y visión de largo plazo.
Proteger la salud frente a este nuevo escenario implica invertir en evidencia, fortalecer la prevención y avanzar en soluciones que pongan a las personas en el centro, pero implica, sobre todo, comprender que la salud no comienza cuando aparece la enfermedad, sino mucho antes: en la forma en que cuidamos el entorno que habitamos y las condiciones de vida que construimos como sociedad.
