Un nuevo reporte del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPPC) fue liberado a fines de febrero de 2022, esta vez correspondiente a la segunda parte del sexto informe de evaluación (AR6) denominado “Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad”[1].
A través de este documento, los principales científicos climáticos del planeta vuelven a relevar la gravedad de la crisis, la cual ya está causando pérdidas y daños generalizados e irreversibles a los ecosistemas y las personas, destruyendo vidas, hogares y medios de subsistencia. Impactos que solo van a empeorar en los próximos años.
Dentro de las principales conclusiones de este reporte, cabe destacar las tres siguientes:
- Es inequívoco que el cambio climático ha afectado severamente a los sistemas humanos y naturales;
- Una fracción elevada de todas las especies del planeta se encuentra vulnerable al cambio climático, el cual ya ha provocado extinciones y la mortalidad en masa de diversas especies;
- Casi la mitad de las personas del planeta viven en contextos de grave escasez hídrica, alta vulnerabilidad y/o peligro climático.
Vulnerabilidad que se manifiesta inequitativamente, habiéndose presentado durante la última década una mortalidad por inundaciones, sequías y tormentas 15 veces mayor en los países más vulnerables. Por lo que el llamado a desarrollar resiliencia climática, a lo largo de todos los territorios del globo, se exhibe con aún más urgencia que en el reporte previo (AR5).
Por otro lado, si bien se identifican oportunidades de adaptación factibles y efectivas para reducir los riesgos a las personas y naturaleza, muchas de las medidas que se han implementando en distintas partes del mundo son altamente insuficientes, incluso, para las exigencias que nos impone el sistema climático actual.
Ya en un ámbito de gestión, el informe plantea que para habilitar el desarrollo de resiliencia climática se debe lograr un trabajo mancomunado entre gobierno, sociedad civil y el sector privado, priorizando la reducción de riesgos, equidad y justicia.
Evidentemente que adaptarse y desarrollar resiliencia no es un proceso sencillo, dada la amplitud, complejidad y multidimensionalidad del fenómeno y sus impactos. Y por ello es que cada vez son más los países exigiendo a las compañías reportar sus riesgos climáticos en el marco del Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD)[2], el cual permite sistematizar los análisis y crear la debida gobernanza al interior de las organizaciones para una gestión a la altura de la urgencia y necesidades.
Sin perjuicio de ello, es preocupante el precario nivel de desarrollo que presentan en esta materia las empresas latinoamericanas. A ratos pareciera que ignoramos la gravedad de la situación, así como el tremendo retorno que conlleva anticipar acciones concretas de adaptación y resiliencia. Las cuales no solo robustecen los procesos productivos y perfiles de riesgos de las compañías, sino que además pueden llegar a ser co-financiadas por los gobiernos nacionales y regionales, dada su capacidad de generar importantes co-beneficios en el territorio.
Así, en medio de un contexto de alto riesgo, incertidumbre y urgencia, surgen oportunidades claras para quienes se atrevan a enfrentar decididamente el desafío, buscar las alianzas correspondientes, integrar la diversidad de miradas de las distintas partes interesadas y liderar con el ejemplo.
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[1] En una siguiente columna abordaremos la tercera y última parte, denominada “Mitigación y Cambio Climático”, y que ha sido finaliza el 4 de abril de 2022.
[2] A la fecha el marco de reporte TCFD es exigido en Brazil, Hong Kong, Japón, Nueva Zelandia, Singapur, Suiza, Reino Unido y la Unión Europea.
