En materia de sustentabilidad hemos tenido buenas y malas noticias. La buena fue el envío por parte del Ejecutivo al Congreso del proyecto de adhesión al “Convenio de Escazú sobre acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales”. La mala noticia se relaciona con la crisis hídrica que sufre Chile. Para abordar esta y cualquier otro asunto vinculado al cambio climático, el Convenio de Escazú es una herramienta estratégica que permite  involucrar a diversos actores en forma sustantiva. Dispone de mejores estándares para que estos accedan a la información y sus diversas propuestas sean debidamente consideradas en las decisiones.

Con el objetivo de motivar el conocimiento del Convenio de Escazú en el sector privado, es interesante destacar la “Visión 2050: Tiempo de Transformación” por su sinergia con Escazú. Esta Visión, elaborada por Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD en su sigla en inglés) es un referente clave para el sector privado en materia de sustentabilidad.

En ella se establece que el mundo enfrenta tres desafíos críticos: la emergencia climática, el daño a la naturaleza y la creciente desigualdad e insta a las empresas a liderar este proceso de transformación haciendo lo que mejor saben hacer: creando y comercializando productos que la personas quieren y necesitan, involucran a gobiernos, inversionistas y sociedad, para lograrlo en mercados competitivos. 

Ambos instrumentos reconocen que se requiere una acción mancomunada para hacer frente a los desafíos del planeta. 

El sector privado chileno está avanzado en el camino hacia la sustentabilidad. Ahora puede dar otro paso significativo, participando en la implementación del Convenio de Escazú, que entre otros aspectos, permite tomar decisiones sobre asuntos ambientales con todos los actores interesados y afectados.