En julio de este año se comunicó el aplazamiento de la implementación de las normas NIIF S1 y S2 en Chile, las cuales están bajo el alero de la NCG 519. Con la nueva NCG 572, la obligación pasa del ejercicio 2026 al ejercicio 2027, es decir, se divulgará recién el 2028.
La CMF, en su comunicado de ampliación del plazo, planteó que el principal motivo es que las empresas cuenten con el tiempo necesario para establecer estructuras, sistemas, procedimientos y adecuar sus gobiernos corporativos para que se puedan adaptar de manera adecuada. Acá la pregunta es:
¿Cuánto tiempo necesitan las empresas para prepararse ante una norma que está lejos de ser emergente?
Las NIIF S1 y S2 fueron publicadas oficialmente por el Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad (ISSB) en junio del 2023, y la CMF comunicó en octubre del 2024 que las empresas abiertas a bolsa debían reportar sus ejercicios 2026 (a divulgar el 2027, y con la salvaguarda de reportar solo la NIIF S2 durante el primer año). Acá entra un punto crítico: desde los reportes 2023 las empresas ya estaban obligadas a reportar según las recomendaciones de TCFD.
No son lo mismo, y sería poco preciso decirlo. La NIIF S2 exige bastante más: alcance 3, análisis de resiliencia con escenarios climáticos, métricas sectoriales y una conexión explícita entre los riesgos climáticos y los estados financieros. pero comparte con TCFD la misma estructura de gobernanza, estrategia, gestión de riesgos y métricas. Lo que se pide no es empezar de cero, es profundizar sobre una base que ya debía estar levantada.
Si bien el aplazamiento responde a la dificultad de las empresas de Chile para adaptarse a un estándar riguroso y que pide mirar cómo se está gestionando la sostenibilidad, esto deja un trasfondo que es difícil de ignorar: las empresas en Chile no están al ritmo de lo que exige el mercado internacional.
El aplazamiento de las normas es una tendencia que no aplica solo a Chile. En febrero de este año se publicó en Europa la Directiva “Ómnibus I”, que subió los umbrales de obligatoriedad de la CSRD y dejó fuera del alcance obligatorio a cerca del 90% de las empresas que originalmente debían reportar. El argumento fue la carga administrativa y la competitividad en un contexto económico complejo: el mismo tipo de argumento que escuchamos acá.
Pero hay una diferencia que vale la pena mirar. Europa discutió quién debe reportar y mantuvo la exigencia para las empresas que quedaron dentro, nosotros movimos el cuándo, para todas.
La señal más cercana vino desde nuestra región. En mayo de este año Brasil -el primer país del mundo en hacer obligatorio el estándar ISSB- revocó esa obligatoriedad y volvió a un régimen voluntario de “practicar o explicar”. Dos meses después, la CMF anunció su aplazamiento. Chile no está tomando una decisión aislada, se está sumando a una tendencia.
Y acá está el problema de fondo, la exigencia no desaparece cuando el regulador la posterga, solo cambia de emisor. Los inversionistas, la banca y los grandes clientes de las cadenas de valor van a seguir pidiendo la misma información, y las empresas compiten por capital y por contratos en esos mercados. Postergar el calendario local no posterga la pregunta que igual les van a hacer afuera.
Entonces, ¿cómo empujar a las empresas a avanzar hacia modelos más sostenibles?
La respuesta es clara: empujar a las empresas hacia las normas NIIF S1 y S2 no es sobrecargarlas, es darles una ventaja competitiva real. Como destaca el informe Reporting Matters 2025 del WBCSD, a nivel global el paso hacia los reportes obligatorios ha actuado en gran medida como un acelerador. Al poner la información de sostenibilidad al mismo nivel que la financiera, estas regulaciones están forzando a que las áreas de sostenibilidad, finanzas, riesgos y legales trabajen de la mano, logrando que el negocio y la sostenibilidad por fin hablen el mismo idioma.
El reporte del WBCSD es revelador respecto a cómo el resto del mundo ya está integrando la sostenibilidad en el core del negocio: un 92% de los reportes evaluados muestra evidencia de la integración de la sostenibilidad en la estrategia corporativa, y un 87% ya incluye información sobre el impacto financiero (como inversiones de capital o ahorro de costos) vinculado a su estrategia sostenible. Esto demuestra que los líderes globales entendieron que la sostenibilidad dejó de ser una iniciativa paralela para convertirse en la estrategia misma de la empresa.
Como advierte el WBCSD, los mejores reportes van más allá de la simple divulgación, canalizan diálogos estratégicos, clarifican riesgos y oportunidades, y muestran cómo las empresas se posicionan para la resiliencia y el crecimiento a largo plazo.
Y acá hay algo que no debería pasar desapercibido: la CMF no cerró la puerta. En el mismo comunicado invitó a las entidades a reportar voluntariamente durante 2027 la información del ejercicio 2026, con instancias de retroalimentación técnica para quienes se adelanten. Ahí está la oportunidad y ahí es donde se debería poner la energía. Que las empresas que ya tienen la base levantada no esperen al 2028 para usarla, que los directorios tomen esa invitación como una decisión estratégica y no como un trámite opcional, y que el mercado, los inversionistas y los clientes reconozcan a las que se adelanten. Un año más de plazo no tiene por qué ser un año más de espera.
Porque si seguimos postergando el calendario, corremos el riesgo de que nuestras empresas sigan viendo el reporte como un simple “check” normativo, un ejercicio de cumplimiento para salir del paso. Retrasar esta obligación es, en la práctica, retrasar el cambio cultural y estructural que necesitan los gobiernos corporativos para usar el reporte como lo que realmente es: una palanca de transformación para sobrevivir en un mercado que ya no espera a nadie.
