Estamos ante los peores incendios forestales desde el verano de 2017 en que el fuego llegó a afectar casi 600 mil hectáreas. Al margen de toda la solidaridad para las comunidades afectadas, creo que es necesario hacerse preguntas ¿Qué aprendimos de los mega incendios de 2017? ¿Esos aprendizajes se convirtieron en políticas de Estado? ¿Se pueden evitar estas catástrofes? ¿Cuál es su impacto económico, social y ambiental? ¿Cuál es el impacto en salud mental y en la biodiversidad? ¿Estamos conscientes de que estamos frente a una tragedia para el país entero y para la lucha contra el cambio climático?

El Centro de Investigación del Clima, más conocido como CR2, publicó un completísimo documento llamado “Incendios en Chile: causas, impacto y resiliencia“, donde responde a varias de estas preguntas y donde se plantea que el primer objetivo de la política pública debiera ser generar una cultura preventiva en este tema. No conozco que, por parte del Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres, ex ONEMI, haya una gestión comunicacional y educativa permanente para prevenir los incendios. El 99% de ellos son provocados por la acción humana directa. La gran mayoría son negligencias como apagar mal una fogata, tirar una colilla al suelo o como se supo en este caso, soldar en un lugar inapropiado.

Los incendios forestales son y serán un riesgo permanente, de octubre a marzo. Creo que llegó la hora de que el Estado lidere una campaña relevante, de enero a diciembre, de adaptación de las personas a la emergencia climática. Armar grandes alianzas, no con empresas puntuales, sino con sectores productivos completos, medios de comunicación, centros de educación, sociedad civil, municipios y comunidades. Una política que busque que haya muchos menos incendios y que, además, nos muestre de qué somos capaces cuando pasamos de echarnos la culpa unos a otros a hacernos cargo de los temas, con unidad, inteligencia, tecnología y propósito.