La revolución francesa heredó la “santísima trinidad del Estado laico”, que supone ser progresista, inclusivo y democrático. Al desglosar esas tres palabras poderosas y cómo coexisten en Chile, vemos que la libertad está cumplida a medias. Muchas personas no son libres para elegir sus trabajos, colegios de sus hijos, ir al médico en una determinada semana, si no cuando el sistema tenga un cupo, así la enfermedad solo se agrave.

Pero de esta santísima trinidad, hay una que está muy lejos de ser cumplida: la fraternidad. Somos una sociedad individualista y el Estado no tiene las herramientas para resolver las necesidades de bienestar propiamente tal. El Estado no puede realizar por si solo o “decretar” el bienestar. Para ello, es esencial una cooperación público-privada.

Aportar al desarrollo del Estado y de su gente, es un criterio extra financiero que solo puede traer beneficios para las empresas. Quizás no en los fondos que se evalúan a fin de año, pero sí en otras, como, por ejemplo, la prevención de una crisis reputacional que por definición afecta las arcas financieras de una empresa. Aportar con el desarrollo del país, puede evitar, incluso, que la próxima crisis, que de seguro va a tener una empresa, sea trending topic o salgan distintas personas a defenderla.

La noción histórica de nación se ha discutido en torno a un contrato social y más allá de lo que hayan planteado Thomas Hobbes, John Locke o Jean Jacques Rousseau, el verdadero contrato social no puede surgir si no es de la plena confianza, en una nueva tríada conformada por lo público, privado y los ciudadanos.

La confianza supone la ética, que implica la integridad moral y desarrollar técnicas en cuanto a capacidad de entregar y generar conocimiento. Sin embargo, la confianza no se sustenta por sí sola, necesita de seguridad y celeridad. Las personas confían, cuando aquello que necesitan se entrega a tiempo y con excelencia. Más de alguno ha escuchado las trágicas historias de usuarios de la salud pública, a quienes llaman para darle hora de la primera sesión de quimioterapia poco después de su funeral. La falta de confianza puede sentirse como traición del que supone debe cuidarnos, esta a su vez se convierte en rabia, y la rabia desencadena en un estallido como el que experimentamos el 18 de octubre de 2019.

Una forma de materializar una confiable alianza público-privada es la creación, en las empresas, de Laboratorios de Políticas Públicas. Para que exista cooperación debemos validar y confiar en la contraparte: la empresa en el Estado y viceversa. Tema que aún no está zanjado y es la primera barrera que debemos romper o asumir. Para ello, las empresas debemos tener un nuevo sello basado en transparencia, sistematicidad y colaboración.

Debemos generar espacios y comunidades en las empresas para conectar el sentir común de los ciudadanos. Y comunicar no para hacer un green wash ni defendernos, sino para aportar al ejercicio democrático, donde todos y todas puedan acceder a información planteada en forma sencilla sobre lo que está desarrollando una empresa. Tanto para invertir, como para saber cómo me afecta o beneficia.

Estamos ante un momento de incertidumbre. Un nuevo proyecto constitucional nos hace a muchos plantearnos qué sucederá con la igualdad ante la ley, el primer derecho de la Declaración Universal de los DDHH, el sistema de justicia o qué significa realmente ser plurinacional.

La gente está alerta porque el abuso de poder de los políticos, que va desde sacarse un parte por exceso de velocidad hasta la corrupción, merma no solo a las personas, sino a las instituciones.

El manejo de la pandemia en Chile –que ha sido reconocido en todo el mundo como positivo, obteniendo incluso el premio Franz Edelman– es un claro ejemplo del éxito que se puede lograr cuando el Estado, la empresa, la academia y la ciudadanía confían entre ellos.

Sabemos que esta alianza es posible y beneficiosa para todos y todas. No esperemos que otro virus nos ataque para ponerlo en marcha.