Enfrentamos una gran incertidumbre sobre el devenir de nuestro país, aunque una de las pocas certezas que tenemos es que pagaremos más impuestos. No es algo nuevo, de hecho, en la última década ha habido cuatro reformas tributarias, y cinco si consideramos la que busca financiar la Pensión Garantizada Universal (PGU), todas con el objetivo de allegar más recursos al Estado, y paradójicamente, cuatro de éstas promovidas por gobiernos de centro derecha. La que vendría sería aún más ambiciosa en términos de recaudación, siendo un gran desafío que efectivamente recaude lo esperado y que no resulte dañina para el proceso de desarrollo. No se ve nada de fácil lograrlo, considerando lo que ha ocurrido con las reformas pasadas, enfocadas en mayores impuestos al capital, y por ende, negativas en términos de ahorro e inversión.
El nuevo gobierno ha hablado de un lograr un pacto tributario, lo que es una señal positiva, ya que la idea de pacto habla de la búsqueda de acuerdos en esta materia, lo que hasta hace poco no era bien visto en el sector que ganó el gobierno, que había instalado un discurso anti-acuerdos, por considerar que no reflejaban a la mayoría. Es de esperar que efectivamente piensen que la búsqueda de acuerdos es el único camino para lograr reformas sostenibles en el tiempo, y que además tengan un sólido sustento técnico.
Uno de los nudos más complejos de esta discusión es que el nuevo gobierno no sólo busca aumentar la recaudación, sino que también tiene el objetivo de redistribuir ingresos a través de cambios en la carga tributaria, lo que suele generar efectos adversos, no sólo porque sabemos que quienes pagan efectivamente los impuestos suelen no ser aquellos que la norma define, sino también porque con el objetivo de hacer pagar a “los ricos” normalmente se termina dañando el proceso de desarrollo.
Lo que ocurre es que la lógica de “que paguen más los que más tienen” no es necesariamente una buena forma de definir la carga tributaria, porque deja de lado el aporte que puedan hacer los contribuyentes más pudientes al crecimiento. La mejor forma de verlo es a través de un ejemplo. Supongamos dos contribuyentes que reciben ingresos mensuales de US$ 1 millón, pero uno de ellos vive con el 5% de esa suma y el resto lo destina a ahorrar o a hacer crecer su empresa, creando empleo, mejores sueldos y desarrollo económico, y el otro se da la gran vida, comprando joyas, obras de arte, yates de lujo y viajando a cuerpo de rey por el mundo ¿deben pagar la misma tasa de impuestos? Si uno de los objetivos de cobrar impuestos es que el Estado pueda ayudar a los menos favorecidos, ¿por qué castigar al que hace eso mismo con sus propios ingresos a través de sus emprendimientos con y sin fines de lucro? Entonces, si ese criterio parece razonable, el resultado será que los grandes empresarios no pagarán las tasas máximas sobre sus ingresos, lo que no debería ser mirado como algo negativo. Esta es la justificación de que tengamos un sistema de impuestos personales integrado, que busca gravar con una tasa más alta el gasto que el ingreso, y cuyo resultado esperado es que aquellos que ahorran e invierten mucho sean premiados por el sistema con tasas más bajas si se miden respecto a sus ingresos. Todo indica que esa es la lógica pro crecimiento que se quiere cambiar, desintegrando el sistema y aumentando la tasa de impuesto a las personas de altos ingresos. Esto se vería además agravado por la implementación de cotizaciones para un sistema de reparto, lo que probablemente lleve a eliminar el tope imponible, junto con que el 7% de salud también pasaría a ser simplemente un impuesto más. No podemos tampoco descartar que se establezcan impuestos al patrimonio, o en su defecto, que se siga la lógica nefasta de empezar a gravar en forma arbitraria y discriminadora algunos bienes que el mundo político considere “lujos” (¿por qué resulta más “lujoso” un auto de alta gama que viajar a destinos lejanos y exóticos dos veces por año?)
El resultado probable será un aumento muy significativo de impuestos a los sectores que por ser de altos ingresos son los que hacen la mayor contribución al crecimiento económico, con el resultado evidente que optarán por hacer esa contribución en un país que los castigue menos, como ocurre hace décadas en Argentina, con el efecto además de que finalmente no se recaudará lo esperado. Los más perjudicados serán los trabajadores, no los dueños del capital.
Entonces, si efectivamente el objetivo es mayor equidad y bienestar de la población, la reforma tributaria debe recaudar con el menor impacto posible en el ahorro y la inversión. Reducir espacios de elusión y evasión, eliminar exenciones distorsionadoras y simplificar nuestro engorroso sistema parecen ingredientes necesarios del pacto tributario que se busca alcanzar. Pero más importante aún es la forma en que se gasten esos recursos. Un pacto tributario verdaderamente justo no sólo debe incorporar un mayor aporte tributario de los ciudadanos, sino también un compromiso efectivo del Estado de gastar en forma eficiente y equitativa los cuantiosos recursos que le entregamos.
