En la instancia se analizaron los instrumentos internacionales que hoy guían el actuar de las empresas en debida diligencia, a las normativas internacionales que están por aprobarse y aquellas que ya están rigiendo, para entregarles a las organizaciones chilenas un panorama de lo que podría ocurrir próximamente en el país.

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PRESENTACIÓN DE VANESSA MAYNOU
PRESENTACIÓN DE AMANDA SOLER, AMFORI

La implementación de procesos de debida diligencia ha sido reconocida como la mejor herramienta para evitar y abordar los impactos negativos que las empresas puedan generar y, por ello, ha ido evolucionando desde la voluntad a lo vinculante. En 2022 la Unión Europea homogeneizó los requerimientos de esta materia al interior del bloque europeo y cada vez más son los países que se han unido a esta tendencia, como es el caso de Alemania.

Para profundizar sobre ese tema Acción Empresas realizó el webinar “Tendencias legislativas sobre debida diligencia y su impacto en la empresa: Desafíos y oportunidades”, de la línea temática de Aprovisionamiento Responsable, dirigido por Alicia Mery, Jefa de Proyectos, quien fue la encargada de dar la bienvenida a la instancia, en la que participaron: Vanessa Maynou, División de Conducta Empresarial Responsable de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales; Amanda Soler, Asesora de Política Medioambiental en AMFORI; Gabriela Gutiérrez, Global Senior Ethics & Compliance Manager, Just Eat Takeaway.com; Jimena Sánchez, Network Representative para América Latina de AMFORI; y Felipe Henríquez, Jefe División de Conducta Empresarial Responsable, Punto Nacional de Contacto Chile-OCDE.

Para comenzar Vanessa Maynou se refirió a las tendencias legislativas sobre debida diligencia, como los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos, la Declaración de la OIT sobre empresas multinacionales y a las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales, que están en un proceso de actualización, y que apunta a hacer un “mayor hincapié en temas ambientales, cambio climático, biodiversidad, bienestar animal, entre otros, y una mayor precisión respecto de la relación de la empresa con los impactos negativos y la cadena de suministro, también una actualización sobre el capítulo de ciencia y tecnología, incorporando innovación”, dijo.

Explicó que implementar procesos de debida diligencia en base a riesgos, permite asegurar que una empresa tenga una conducta responsable y añadió que este mecanismo es continuo, vivo y debe ser constantemente revisado. Entre sus etapas clave están: el compromiso político de la alta dirección, para que sea integrado en los procesos de la empresa; identificar y evaluar los impactos negativos, que son directamente causados por empresa y por su cadena de suministro; priorizar en función de la gravedad y probabilidad de ocurrencia del impacto negativo. Junto a esto advirtió que en el caso de los impactos negativos en los DD.HH, sólo hay que detenerse en la priorización y la gravedad.

“Cuando implemento el plan de acción para abordar los impactos, tengo que volver a mirar si las medidas que se diseñaron están permitiendo lograr el resultado que se esperaba de detener, prevenir o mitigar el daño. Además, podría surgir nuevos impactos negativos porque los riesgos son cambiantes. Y aquí se recomienda que el proceso de debida diligencia se haga con la participación de partes interesadas relevantes, porque siendo ellos los titulares de derecho que pueden verse afectados, son los que pueden decirle a la empresa cuáles son los impactos negativos que están ocurriendo y la manera de abordarlos”.

 

Vanessa Maynou, División de Conducta Empresarial Responsable de la Subsecretaría de, Relaciones Económicas Internacionales.

Entonces ¿Por qué la empresa debe implementar debida diligencia? Entre los motivos está la concientización sobre el impacto que tiene en la sociedad; estar a la altura de estándares internacionales; aumentar contribución positiva en los entornos; mayor resiliencia; mayor prestigio; ahorro por procedimientos judiciales o administrativos; y más oportunidades de negocios en los mercados externos.

Amanda Soler indicó que la propuesta de la Comisión Europea sobre debida diligencia busca armonizar las distintas iniciativas que estaban surgiendo en países de la Unión Europea evitar que el mercado se fragmente, que aumente el flujo de finanzas sostenibles y que los inversores tengan la información necesaria para tomar decisiones.

La Unión Europea (UE) se encuentra en punto crítico. En esta línea la Comisión Europea ya entregó el documento y ahora solo falta que el parlamento tome su posición, pues el Consejo (que es el otro ente involucrado) ya tiene su postura. Luego de eso viene una negociación y se espera que a finales de 2023 esté listo el texto final, para que la normativa entre en vigencia a fines de 2025.

Esta Directiva de Diligencia Debida de Sostenibilidad Corporativa (CS3D) está basada en estándares internacionales; regirá para empresas que operan en la UE; cubre tanto Derechos Humanos como ambientales e incluye un artículo sobre cambio climático; y su ámbito de aplicación se extiende a operaciones propias, filiales y cadena de valor. Todo lo anterior pretende que la debida diligencia se integre en las estrategias de las empresas; se determinen los efectos negativos reales y potenciales; y prevenir o mitigar posibles efectos negativos, entre otras.

La ley alemana de debida diligencia, en tanto, que ya empezó a regir para algunas empresas en enero pasado, está enfocada en compañías de más de tres mil trabajadores, cubre Derechos Humanos y algunos impactos ambientales y se centra en operaciones propias y proveedores directos. “Las directrices de la OCDE son un buen punto para saber lo que se viene en materia de legislación. El momento es ahora, que entró en vigor la ley alemana, ahora se puede implementar el sistema de diligencia debida, empezar a sensibilizar a diferentes cargos, testear, ganar ventaja competitiva y una mayor resiliencia”, afirmó Soler.

Para finalizar, Jimena Sánchez, Network Representative para América Latina de AMFORI, presentó un espacio de preguntas en el que estuvieron -junto a Amanda Soler- Gabriela Gutiérrez, Global Senior Ethics & Compliance Manager, Just Eat Takeaway.com; y Felipe Henríquez, Jefe División de Conducta Empresarial Responsable, Punto Nacional de Contacto Chile-OCDE.

Felipe Henríquez señaló que es natural que los estándares que han sido abordados por la OCDE, por ejemplo, pasen después a ser parte de los marcos regulatorios obligatorios. “Esto tiene más sentido en un contexto en que la sociedad civil se ha hecho más consciente de los posibles impactos negativos que generan las empresas en sus operaciones o a través de sus productos o servicios o incluso de su cadena de suministro. Por lo tanto, es una sociedad civil más exigente desde este punto de vista” y agregó que “me parece que opción de leyes responde a un proceso natural de maduración que hemos estado viviendo en Europa, pero que en los próximos años iremos viendo en otras regiones del mundo, como es el caso de América Latina”.

En cuanto a cómo se puede involucran a la cadena de suministro en la debida diligencia, Gabriela Gutiérrez destacó que es importante abrir la conversación siempre y cuando la empresa tenga plan de implementación y que esté diseñado en concordancia al tamaño de la organización y sus riesgos “al hacerlo de esa forma se pueden identificar ciertas zonas donde se generan más riesgos y se puede entablar una conversación con las contrapartes dentro de la cadena de suministro”. Añadió que hacer esto es clave porque “por un lado se comprende dónde están los riesgos y qué están haciendo ellos para enfrentarlos y también permite que la organización comunique por qué esto es relevante”.