La entrada en vigencia de la nueva Ley de Seguridad Privada en Chile, Ley N.º 21.659, representa un cambio relevante en la forma en que las organizaciones deben gestionar la seguridad dentro de sus operaciones. La normativa no solo fortalece los requisitos, la profesionalización, la capacitación y la fiscalización de quienes desarrollan actividades de seguridad privada, sino que también eleva las expectativas respecto de la responsabilidad que tienen las empresas sobre la actuación de sus propios equipos y de los proveedores que prestan estos servicios. Este nuevo escenario conecta directamente la seguridad privada con dos ámbitos centrales de la gestión empresarial actual: la sostenibilidad y el compliance.
Desde la perspectiva de sostenibilidad, la seguridad debe gestionarse considerando sus impactos sobre las personas, el respeto de los derechos humanos, la dignidad y el relacionamiento con trabajadores, comunidades, clientes y otros grupos de interés. Desde el enfoque de compliance, la nueva regulación exige fortalecer la prevención, los procedimientos, la trazabilidad, la supervisión y el control de riesgos asociados a la seguridad privada. En este contexto, seguridad, sostenibilidad y compliance dejan de ser ámbitos separados. Una gestión moderna de la seguridad privada requiere combinar el cumplimiento regulatorio con una cultura preventiva, el respeto irrestricto de los derechos fundamentales y una adecuada gestión de los riesgos empresariales.
Objetivos:
- Conocer la realidad del mercado de la seguridad privada en su doble cara, es decir desde los demandantes de seguridad (entidades obligadas) y desde la oferta de estos servicios (empresas de seguridad privada).
- Conocer los principales objetivos de la nueva regulación,
- Comprender el nuevo sistema de clasificación de las entidades obligadas conforme a una matriz de riesgos pública, con especial énfasis en las diferentes medidas que se deben adoptar conforme al nivel de riesgo en que las entidades sean clasificadas.
- Analizar el nuevo sistema sancionatorio, y su relación con otras normas sancionatorias especiales.
- Entregar conocimiento práctico a partir de casos reales, que dan cuenta de los desafíos que implicará para las empresas su nueva relación con la seguridad pública, en caso que sean declaradas como entidades obligadas, especialmente con las policías y el sistema de justicia penal.
