La edición de la COP27, la conferencia sobre el cambio climático de la ONU tuvo como protagonista la adaptación financiera, es decir, aquellos instrumentos que gobiernos y privados deben implementar para abordar con éxito la transición energética y las indemnizaciones por daños y pérdidas causadas por el cambio climático.
La adaptación financiera o financiamiento sostenible supone inversión para incentivar la descarbonización, especialmente en sectores críticos como la energía, y desarrollar innovación en tecnologías emergentes, que lleven soluciones a problemas medioambientales. El desafío está en que todo ello debe hacerse de una manera que genere retornos viables, ya sea a través de la demanda comercial o el apoyo del gobierno a través de subsidios, para que sea atractivo para las distintas industrias.
Para ello, los gobiernos pueden ayudar a acelerar la inversión verde al dar incentivos específicos y efectivos para el desarrollo de ciertas industrias, como la del hidrógeno verde para el caso chileno. La articulación de planes sectoriales que ayuden a la transición por industria brindaría un nivel de certezas a nivel de políticas, que permitiría a los actores de la economía real invertir con confianza.
Un ejemplo es la entrega de bonos verdes y sociales, instrumentos financieros que utilizan las empresas para obtener liquidez a largo plazo, a cambio de devolver a los inversores la cantidad inicial invertida junto a unos intereses previamente fijados. En este caso, el financiamiento de proyectos que ayuden a paliar las consecuencias del cambio climático o que busquen preservar el medioambiente.
Chile se ha convertido en un referente en esta materia, al situarse como el tercer país con mayor proporción de bonos ESG en el mundo y el principal emisor soberano de estos instrumentos en América Latina (con US$ 31.700 millones en este tipo de deuda). Y la meta para estos bonos han permitido el financiamiento para la ejecución de programas públicos y sociales para un desarrollo sostenible.
Incrementar la ambición y acelerar la implementación de distintas políticas climáticas es fundamental para generar oportunidades entre los actores y aumentar la efectividad del financiamiento. Ello permitirá garantizar que los recursos están siendo asignados a un mejor futuro, más resiliente y sostenible.
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